President Trump announced plans to close the John F. Kennedy Center for the Performing Arts for approximately two years beginning July 4, 2026, for renovations he described as necessary to create “the finest Performing Arts Facility of its kind, anywhere in the World.” The announcement, made via social media, came as a surprise to Kennedy Center staff and follows a wave of artist cancellations after Trump’s board added his name to the building in December 2025. The closure will eliminate public access to the nation’s leading performing arts venue and disrupt the National Symphony Orchestra, which receives approximately $10 million of its $42 million budget from the center. Kennedy Center Arts Workers United, representing five performing and professional unions, stated they received no formal notice and demanded continued fair pay and worker protections for displaced members. The announcement affects hundreds of scheduled performances and existing contracts with artists and resident companies.

Attorney General Pam Bondi issued a memo directing the FBI and federal prosecutors to compile lists of organizations the Justice Department classifies as potential “domestic terrorist” threats based on ideological views including “radical gender ideology,” “anti-Americanism,” “anti-capitalism,” and “anti-Christianity.” The memo implements National Security Presidential Memorandum 7 (NSPM-7) and authorizes the FBI to review intelligence from the past five years, solicit tips through an upgraded system with financial rewards for informants, and directs the Treasury Department to audit nonprofits’ taxes. The directive may encompass arts and cultural non-profit organizations and institutions whose artists or past programming explored themes related to race, gender, immigration, or nationalism, among others. The vague and overbroad nature of the directive could create a strong chilling effect for arts and cultural organizations.

El 28 de octubre de 2025, la Casa Blanca destituyó a los seis miembros en activo de la Comisión de Bellas Artes de los Estados Unidos por correo electrónico, informándoles de que sus cargos quedaban «destituidos con efecto inmediato». La Comisión, creada por el Congreso en 1910, asesora al presidente, al Congreso y a Washington D. C. en cuestiones de diseño y estética de monumentos federales, memoriales, monedas y edificios gubernamentales. Un funcionario de la Casa Blanca declaró que la administración «se está preparando para nombrar a una nueva lista de miembros de la comisión que estén más alineados con las políticas de "America First" del presidente Trump». Los despidos se produjeron cuando se esperaba que la Comisión revisara los controvertidos proyectos de construcción de Trump, entre los que se incluyen un salón de baile de 8361 metros cuadrados y un arco triunfal en la Casa Blanca, lo que suscitó preocupaciones sobre la interferencia política en la supervisión cultural y arquitectónica independiente.

Todd Arrington, director de la Biblioteca Presidencial, Museo y Casa Natal de Eisenhower, se vio obligado a dimitir el 2 de octubre de 2025 tras rechazar la petición de la administración Trump de ceder una espada propiedad de Eisenhower que formaba parte de la colección de la biblioteca como regalo para el rey Carlos III durante la visita de Estado del presidente en septiembre. Arrington sostuvo que los artefactos donados pasan a ser propiedad del pueblo estadounidense y ofreció una réplica en su lugar, que finalmente fue proporcionada por West Point. El 29 de septiembre, los supervisores de la Administración Nacional de Archivos y Registros le dijeron a Arrington que «dimitiera o sería despedido», alegando que «ya no se podía confiar en él con información confidencial» relacionada con la disputa sobre la espada. Su destitución suscita preocupación por la injerencia política federal en la autoridad curatorial y la preservación del patrimonio cultural de propiedad pública en las instituciones nacionales.

A finales de agosto y septiembre de 2025, el Departamento de Educación envió notificaciones de no continuación a docenas de beneficiarios de subvenciones federales a mitad de los periodos de subvención plurianuales, entre los que se incluían iniciativas de educación artística, programas de educación cívica y alfabetización, y proyectos de educación superior. Las notificaciones indicaban que los programas ya no se ajustaban a las prioridades de la política educativa de la administración en materia de «mérito, equidad y excelencia», y algunas de ellas alegaban violaciones de la ley federal de derechos civiles según la interpretación de la administración. Entre las subvenciones canceladas se encontraban al menos nueve iniciativas de educación artística financiadas por el programa de Ayuda a la Educación Artística, incluido un proyecto de la Universidad de Nebraska-Lincoln para incorporar la enseñanza del arte en todas las materias, que perdió su último año de financiación. Los beneficiarios de las subvenciones tuvieron siete días para apelar, lo que dejó a las instituciones y a los educadores ante una interrupción repentina de la financiación y la incertidumbre sobre la continuación del programa.

El 25 de agosto de 2025, el presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva 14341, titulada «Enjuiciamiento por la quema de la bandera estadounidense», en la que ordenaba al Departamento de Justicia dar prioridad al enjuiciamiento de la profanación de la bandera cuando coincidiera con violaciones de las leyes federales, estatales o locales vigentes, y daba instrucciones al fiscal general para que iniciara un litigio para impugnar las protecciones de la Primera Enmienda establecidas en Texas v. Johnson (1989). La orden también ordena al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional que denieguen, revoquen o rescinda los visados, los permisos de residencia y los procedimientos de naturalización de los extranjeros que participen en actos de profanación de la bandera. Aunque la orden se centra en las actividades de protesta, su amplia formulación en relación con la «profanación de la bandera» y la persecución de los extranjeros podría tener un efecto disuasorio sobre la expresión simbólica y artística, en particular entre los artistas inmigrantes y los trabajadores culturales que se dedican a obras de temática política o de protesta. Las organizaciones de libertades civiles impugnaron inmediatamente la orden por considerarla una aplicación selectiva e inconstitucional de la libertad de expresión protegida.

El 22 de agosto de 2025, la NEA canceló su programa de becas de escritura creativa para el año fiscal 2026, notificando a los solicitantes por correo electrónico que la categoría de escritura creativa había sido «retirada por la Agencia». El correo electrónico indicaba que la NEA estaba «actualizando sus prioridades en materia de políticas de concesión de subvenciones para centrar la financiación en proyectos que reflejen el rico patrimonio artístico y la creatividad de la nación, según las prioridades de la Administración», incluyendo el apoyo a las HBCU, las instituciones al servicio de la comunidad hispana, el 250 aniversario de América, los lugares de culto y la competencia en materia de inteligencia artificial. Las becas, que desde 1966 ofrecían hasta 50 000 dólares a escritores de ficción, no ficción creativa y poesía publicados, han apoyado a autores destacados como Alice Walker, Maxine Hong Kingston, Louise Erdrich y Sandra Cisneros.

El USCIS emitió la Alerta de Política PA-2025-16 en la que ordena a los funcionarios que asignen un «peso discrecional abrumadoramente negativo» a las pruebas de que los solicitantes de inmigración han «respaldado, promovido, apoyado o defendido» ideologías antiamericanas, antisemitas o terroristas a la hora de adjudicar las solicitudes de prestaciones. La política se aplica a los beneficios migratorios discrecionales, incluyendo el ajuste de estatus, la autorización de trabajo, los cambios y extensiones de estatus, y afecta a los estudiantes internacionales de artes (F-1), a los participantes en intercambios culturales (J-1) y a los artistas que solicitan permisos de trabajo (H-1B, O-1). Los funcionarios revisan las redes sociales y la actividad en línea de los solicitantes en busca de contenido considerado antiamericano, lo que crea un efecto intimidatorio sobre la expresión artística y política de los trabajadores culturales en el sistema migratorio de Estados Unidos. Los grupos de derechos humanos han advertido que la definición imprecisa de «ideologías antiamericanas» otorga a los funcionarios una amplia discrecionalidad para denegar las solicitudes si el solicitante tiene opiniones que, aunque pacíficas, pueden no ser del agrado de la actual administración presidencial.

Parties affected: On July 22, 2025, the U.S. announced its withdrawal from UNESCO, citing the organization’s “divisive social and cultural causes” and perceived anti-Israel bias, effective December 31, 2026. The withdrawal eliminates U.S. influence over international cultural policy and ends American institutions’ access to UNESCO funding, partnerships, and networks for heritage conservation. U.S. World Heritage sites lose access to international preservation support and expertise, while museums, universities, and cultural organizations are cut off from global collaboration on heritage protection. Critics warn the move weakens multilateral safeguards for cultural heritage worldwide and cedes cultural diplomacy leadership to other nations.

El Departamento de Estado emitió un comunicado de prensa y el correspondiente cable en el que exigía a todos los solicitantes de visados F, M y J que configuraran todos sus perfiles en las redes sociales como «públicos» para que los funcionarios consulares pudieran revisar «toda su presencia en línea». Los funcionarios deben rechazar temporalmente los casos en virtud del artículo 221(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para llevar a cabo una investigación posterior a la entrevista en busca de «actitudes hostiles hacia los ciudadanos, la cultura, el Gobierno, las instituciones o los principios fundacionales de los Estados Unidos». Esta política crea importantes obstáculos y retrasos en la tramitación para los estudiantes internacionales y los participantes en intercambios culturales, ya que, en la práctica, filtra la expresión artística y política como criterio de elegibilidad para obtener el visado. El requisito obliga a los artistas, músicos, profesionales del teatro y estudiantes a exponer todo su contenido en línea a la vigilancia del Gobierno y a autocensurar su expresión para obtener visados para estudiar o participar en intercambios culturales en Estados Unidos. Las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por que esta barrera de entrada pueda utilizarse para discriminar a los solicitantes de visados cuyas opiniones o creencias no se ajusten a las de la actual administración presidencial.

La Proclamación Presidencial 10949 estableció restricciones de viaje a 19 países, con suspensión total de entrada para 12 países (Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen) y la suspensión parcial para 7 países (Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela), restringiendo los visados de inmigrante y los visados de no inmigrante B (visitante), F (estudiante), M (formación profesional) y J (intercambio cultural). La proclamación limita directamente el intercambio cultural y la movilidad artística, impidiendo la entrada en Estados Unidos a artistas internacionales, estudiantes de universidades artísticas y participantes en intercambios culturales procedentes de estos países. Los visados válidos expedidos antes del 9 de junio de 2025 siguen siendo válidos, pero los nacionales de estos países no pueden obtener nuevos visados, salvo en casos excepcionales de interés nacional. Un juez federal ya ha limitado la proclamación de la prohibición de viajar del 4 de junio de 2025 (Proclamación 10949) al dictaminar que el Gobierno no puede utilizarla para bloquear la entrada de 80 refugiados previamente investigados, lo que demuestra que los tribunales están examinando su aplicación, aunque la proclamación en sí misma siga en vigor.

El 30 de mayo de 2025, la administración Trump publicó su propuesta presupuestaria detallada para el año fiscal 2026, en la que reafirmaba sus planes de eliminar la Fundación Nacional para las Artes y consolidar el programa de Ayuda a la Educación Artística del Departamento de Educación en una nueva subvención global para la enseñanza primaria y secundaria con una reducción del 69 % en la financiación. La propuesta redirige los recursos educativos hacia «materias básicas» como matemáticas, lectura, ciencias e historia. Los defensores de las artes advierten que estos recortes amenazan el acceso equitativo a la educación artística, especialmente en los distritos con pocos recursos.