Representative Josh Brecheen introduced HR 4021, legislation prohibiting federal agencies from using taxpayer funds to “develop, organize, administer, engage in, promote, or endorse” any activity related to LGBTQ Pride Month, including events, initiatives, official communications, social media posts, educational programs, or public campaigns. The bill also bans the display of “any flag that represents sexual orientation or gender identity” on federal property or grounds. By prohibiting federal agencies from recognizing or supporting Pride Month observances, the measure would eliminate cultural programming, educational initiatives, and symbolic displays that affirm LGBTQ identities and histories across the federal government. Pride Month, observed annually in June, includes artistic performances, exhibitions, educational programs, and cultural events at museums, libraries, military installations, and other federal facilities. The prohibition on flags would ban displays of the Pride flag and related symbols representing LGBTQ communities. This represents a government-imposed restriction on cultural expression and symbolic speech at federal institutions nationwide.

President Trump announced plans to close the John F. Kennedy Center for the Performing Arts for approximately two years beginning July 4, 2026, for renovations he described as necessary to create “the finest Performing Arts Facility of its kind, anywhere in the World.” The announcement, made via social media, came as a surprise to Kennedy Center staff and follows a wave of artist cancellations after Trump’s board added his name to the building in December 2025. The closure will eliminate public access to the nation’s leading performing arts venue and disrupt the National Symphony Orchestra, which receives approximately $10 million of its $42 million budget from the center. Kennedy Center Arts Workers United, representing five performing and professional unions, stated they received no formal notice and demanded continued fair pay and worker protections for displaced members. The announcement affects hundreds of scheduled performances and existing contracts with artists and resident companies.

House Resolution 7661 would amend the Elementary and Secondary Education Act of 1965 to prohibit federal education funds from being used to develop, facilitate, or promote programs or literature for children under 18 that include “sexually oriented material.” The bill defines this term to include any content involving “gender dysphoria or transgenderism,” creating a federal mechanism to restrict books and literary works addressing LGBTQ+ themes from schools receiving federal funding. Introduced hours after President Trump’s February 24, 2026 State of the Union address calling to “ban it immediately,” the legislation includes exemptions for “standard science coursework,” religious texts, and narrowly defined classic literature and art, though it does not clarify whether materials within these categories that discuss gender identity would be protected or prohibited. Advocacy organizations have characterized the measure as establishing a nationwide book ban targeting transgender and gender-nonconforming youth.

Attorney General Pam Bondi issued a memo directing the FBI and federal prosecutors to compile lists of organizations the Justice Department classifies as potential “domestic terrorist” threats based on ideological views including “radical gender ideology,” “anti-Americanism,” “anti-capitalism,” and “anti-Christianity.” The memo implements National Security Presidential Memorandum 7 (NSPM-7) and authorizes the FBI to review intelligence from the past five years, solicit tips through an upgraded system with financial rewards for informants, and directs the Treasury Department to audit nonprofits’ taxes. The directive may encompass arts and cultural non-profit organizations and institutions whose artists or past programming explored themes related to race, gender, immigration, or nationalism, among others. The vague and overbroad nature of the directive could create a strong chilling effect for arts and cultural organizations.

El 28 de octubre de 2025, la Casa Blanca destituyó a los seis miembros en activo de la Comisión de Bellas Artes de los Estados Unidos por correo electrónico, informándoles de que sus cargos quedaban «destituidos con efecto inmediato». La Comisión, creada por el Congreso en 1910, asesora al presidente, al Congreso y a Washington D. C. en cuestiones de diseño y estética de monumentos federales, memoriales, monedas y edificios gubernamentales. Un funcionario de la Casa Blanca declaró que la administración «se está preparando para nombrar a una nueva lista de miembros de la comisión que estén más alineados con las políticas de "America First" del presidente Trump». Los despidos se produjeron cuando se esperaba que la Comisión revisara los controvertidos proyectos de construcción de Trump, entre los que se incluyen un salón de baile de 8361 metros cuadrados y un arco triunfal en la Casa Blanca, lo que suscitó preocupaciones sobre la interferencia política en la supervisión cultural y arquitectónica independiente.

Todd Arrington, director de la Biblioteca Presidencial, Museo y Casa Natal de Eisenhower, se vio obligado a dimitir el 2 de octubre de 2025 tras rechazar la petición de la administración Trump de ceder una espada propiedad de Eisenhower que formaba parte de la colección de la biblioteca como regalo para el rey Carlos III durante la visita de Estado del presidente en septiembre. Arrington sostuvo que los artefactos donados pasan a ser propiedad del pueblo estadounidense y ofreció una réplica en su lugar, que finalmente fue proporcionada por West Point. El 29 de septiembre, los supervisores de la Administración Nacional de Archivos y Registros le dijeron a Arrington que «dimitiera o sería despedido», alegando que «ya no se podía confiar en él con información confidencial» relacionada con la disputa sobre la espada. Su destitución suscita preocupación por la injerencia política federal en la autoridad curatorial y la preservación del patrimonio cultural de propiedad pública en las instituciones nacionales.

A finales de agosto y septiembre de 2025, el Departamento de Educación envió notificaciones de no continuación a docenas de beneficiarios de subvenciones federales a mitad de los periodos de subvención plurianuales, entre los que se incluían iniciativas de educación artística, programas de educación cívica y alfabetización, y proyectos de educación superior. Las notificaciones indicaban que los programas ya no se ajustaban a las prioridades de la política educativa de la administración en materia de «mérito, equidad y excelencia», y algunas de ellas alegaban violaciones de la ley federal de derechos civiles según la interpretación de la administración. Entre las subvenciones canceladas se encontraban al menos nueve iniciativas de educación artística financiadas por el programa de Ayuda a la Educación Artística, incluido un proyecto de la Universidad de Nebraska-Lincoln para incorporar la enseñanza del arte en todas las materias, que perdió su último año de financiación. Los beneficiarios de las subvenciones tuvieron siete días para apelar, lo que dejó a las instituciones y a los educadores ante una interrupción repentina de la financiación y la incertidumbre sobre la continuación del programa.

El 25 de agosto de 2025, el presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva 14341, titulada «Enjuiciamiento por la quema de la bandera estadounidense», en la que ordenaba al Departamento de Justicia dar prioridad al enjuiciamiento de la profanación de la bandera cuando coincidiera con violaciones de las leyes federales, estatales o locales vigentes, y daba instrucciones al fiscal general para que iniciara un litigio para impugnar las protecciones de la Primera Enmienda establecidas en Texas v. Johnson (1989). La orden también ordena al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional que denieguen, revoquen o rescinda los visados, los permisos de residencia y los procedimientos de naturalización de los extranjeros que participen en actos de profanación de la bandera. Aunque la orden se centra en las actividades de protesta, su amplia formulación en relación con la «profanación de la bandera» y la persecución de los extranjeros podría tener un efecto disuasorio sobre la expresión simbólica y artística, en particular entre los artistas inmigrantes y los trabajadores culturales que se dedican a obras de temática política o de protesta. Las organizaciones de libertades civiles impugnaron inmediatamente la orden por considerarla una aplicación selectiva e inconstitucional de la libertad de expresión protegida.

El 22 de agosto de 2025, la NEA canceló su programa de becas de escritura creativa para el año fiscal 2026, notificando a los solicitantes por correo electrónico que la categoría de escritura creativa había sido «retirada por la Agencia». El correo electrónico indicaba que la NEA estaba «actualizando sus prioridades en materia de políticas de concesión de subvenciones para centrar la financiación en proyectos que reflejen el rico patrimonio artístico y la creatividad de la nación, según las prioridades de la Administración», incluyendo el apoyo a las HBCU, las instituciones al servicio de la comunidad hispana, el 250 aniversario de América, los lugares de culto y la competencia en materia de inteligencia artificial. Las becas, que desde 1966 ofrecían hasta 50 000 dólares a escritores de ficción, no ficción creativa y poesía publicados, han apoyado a autores destacados como Alice Walker, Maxine Hong Kingston, Louise Erdrich y Sandra Cisneros.

El USCIS emitió la Alerta de Política PA-2025-16 en la que ordena a los funcionarios que asignen un «peso discrecional abrumadoramente negativo» a las pruebas de que los solicitantes de inmigración han «respaldado, promovido, apoyado o defendido» ideologías antiamericanas, antisemitas o terroristas a la hora de adjudicar las solicitudes de prestaciones. La política se aplica a los beneficios migratorios discrecionales, incluyendo el ajuste de estatus, la autorización de trabajo, los cambios y extensiones de estatus, y afecta a los estudiantes internacionales de artes (F-1), a los participantes en intercambios culturales (J-1) y a los artistas que solicitan permisos de trabajo (H-1B, O-1). Los funcionarios revisan las redes sociales y la actividad en línea de los solicitantes en busca de contenido considerado antiamericano, lo que crea un efecto intimidatorio sobre la expresión artística y política de los trabajadores culturales en el sistema migratorio de Estados Unidos. Los grupos de derechos humanos han advertido que la definición imprecisa de «ideologías antiamericanas» otorga a los funcionarios una amplia discrecionalidad para denegar las solicitudes si el solicitante tiene opiniones que, aunque pacíficas, pueden no ser del agrado de la actual administración presidencial.

Parties affected: On July 22, 2025, the U.S. announced its withdrawal from UNESCO, citing the organization’s “divisive social and cultural causes” and perceived anti-Israel bias, effective December 31, 2026. The withdrawal eliminates U.S. influence over international cultural policy and ends American institutions’ access to UNESCO funding, partnerships, and networks for heritage conservation. U.S. World Heritage sites lose access to international preservation support and expertise, while museums, universities, and cultural organizations are cut off from global collaboration on heritage protection. Critics warn the move weakens multilateral safeguards for cultural heritage worldwide and cedes cultural diplomacy leadership to other nations.