El 25 de agosto de 2025, el presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva 14341, titulada «Enjuiciamiento por la quema de la bandera estadounidense», en la que ordenaba al Departamento de Justicia dar prioridad al enjuiciamiento de la profanación de la bandera cuando coincidiera con violaciones de las leyes federales, estatales o locales vigentes, y daba instrucciones al fiscal general para que iniciara un litigio para impugnar las protecciones de la Primera Enmienda establecidas en Texas v. Johnson (1989). La orden también ordena al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional que denieguen, revoquen o rescinda los visados, los permisos de residencia y los procedimientos de naturalización de los extranjeros que participen en actos de profanación de la bandera. Aunque la orden se centra en las actividades de protesta, su amplia formulación en relación con la «profanación de la bandera» y la persecución de los extranjeros podría tener un efecto disuasorio sobre la expresión simbólica y artística, en particular entre los artistas inmigrantes y los trabajadores culturales que se dedican a obras de temática política o de protesta. Las organizaciones de libertades civiles impugnaron inmediatamente la orden por considerarla una aplicación selectiva e inconstitucional de la libertad de expresión protegida.

El USCIS emitió la Alerta de Política PA-2025-16 en la que ordena a los funcionarios que asignen un «peso discrecional abrumadoramente negativo» a las pruebas de que los solicitantes de inmigración han «respaldado, promovido, apoyado o defendido» ideologías antiamericanas, antisemitas o terroristas a la hora de adjudicar las solicitudes de prestaciones. La política se aplica a los beneficios migratorios discrecionales, incluyendo el ajuste de estatus, la autorización de trabajo, los cambios y extensiones de estatus, y afecta a los estudiantes internacionales de artes (F-1), a los participantes en intercambios culturales (J-1) y a los artistas que solicitan permisos de trabajo (H-1B, O-1). Los funcionarios revisan las redes sociales y la actividad en línea de los solicitantes en busca de contenido considerado antiamericano, lo que crea un efecto intimidatorio sobre la expresión artística y política de los trabajadores culturales en el sistema migratorio de Estados Unidos. Los grupos de derechos humanos han advertido que la definición imprecisa de «ideologías antiamericanas» otorga a los funcionarios una amplia discrecionalidad para denegar las solicitudes si el solicitante tiene opiniones que, aunque pacíficas, pueden no ser del agrado de la actual administración presidencial.

El Departamento de Estado emitió un comunicado de prensa y el correspondiente cable en el que exigía a todos los solicitantes de visados F, M y J que configuraran todos sus perfiles en las redes sociales como «públicos» para que los funcionarios consulares pudieran revisar «toda su presencia en línea». Los funcionarios deben rechazar temporalmente los casos en virtud del artículo 221(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para llevar a cabo una investigación posterior a la entrevista en busca de «actitudes hostiles hacia los ciudadanos, la cultura, el Gobierno, las instituciones o los principios fundacionales de los Estados Unidos». Esta política crea importantes obstáculos y retrasos en la tramitación para los estudiantes internacionales y los participantes en intercambios culturales, ya que, en la práctica, filtra la expresión artística y política como criterio de elegibilidad para obtener el visado. El requisito obliga a los artistas, músicos, profesionales del teatro y estudiantes a exponer todo su contenido en línea a la vigilancia del Gobierno y a autocensurar su expresión para obtener visados para estudiar o participar en intercambios culturales en Estados Unidos. Las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por que esta barrera de entrada pueda utilizarse para discriminar a los solicitantes de visados cuyas opiniones o creencias no se ajusten a las de la actual administración presidencial.

La Proclamación Presidencial 10949 estableció restricciones de viaje a 19 países, con suspensión total de entrada para 12 países (Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen) y la suspensión parcial para 7 países (Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela), restringiendo los visados de inmigrante y los visados de no inmigrante B (visitante), F (estudiante), M (formación profesional) y J (intercambio cultural). La proclamación limita directamente el intercambio cultural y la movilidad artística, impidiendo la entrada en Estados Unidos a artistas internacionales, estudiantes de universidades artísticas y participantes en intercambios culturales procedentes de estos países. Los visados válidos expedidos antes del 9 de junio de 2025 siguen siendo válidos, pero los nacionales de estos países no pueden obtener nuevos visados, salvo en casos excepcionales de interés nacional. Un juez federal ya ha limitado la proclamación de la prohibición de viajar del 4 de junio de 2025 (Proclamación 10949) al dictaminar que el Gobierno no puede utilizarla para bloquear la entrada de 80 refugiados previamente investigados, lo que demuestra que los tribunales están examinando su aplicación, aunque la proclamación en sí misma siga en vigor.

On April 2, 2025, U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) updated its Policy Manual to recognize only two “biological sexes”—male and female—based on birth certificates issued at or near time of birth, pursuant to Executive Order 14168 “Defending Women From Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government” signed January 20, 2025. The policy eliminates the “X” gender marker option and requires all immigration benefit applications to indicate sex as male or female based on birth records. The policy directly impacts transgender and nonbinary artists, including US citizens and those applying for O-1, P-1, P-3, and other work visas. Canadian musician Bells Larsen, whose album explores trans experience, canceled his June 2025 U.S. tour after receiving guidance from the American Federation of Musicians that applicants with gender markers changed from birth certificates would face visa difficulties. The policy applies to all pending and new applications filed on or after April 2, 2025.

Secretary of State Marco Rubio issued a cable titled “Action Request: Enhanced Screening and Social Media Vetting for Visa Applicants” requiring consular officers to refer all F-1 (academic student), J-1 (exchange visitor), and M-1 (vocational student) visa applicants to Fraud Prevention Units for mandatory social media checks. The cable requires consular officers to refer all F-1, M-1, and J-1 visa applicants to Fraud Prevention Units for mandatory social media checks, with particular focus on applicants who held student/exchange visas between October 7, 2023 and August 31, 2024. Officers must screen for terrorism-related ineligibilities, which the cable states may be evident in ‘conduct that bears a hostile attitude toward U.S. citizens or U.S. culture (including government, institutions, or founding principles). This policy directly impacts international students attending U.S. conservatories, theater programs, and arts universities, as well as cultural exchange participants including musicians, dancers, visual artists, and theater practitioners participating in J-1 exchange programs. The requirement creates a chilling effect on artistic and political expression as a condition for visa eligibility. The New York Times reported that more than 800 students lost their visas as a result of this policy as of April 2025.