Parties affected: On July 22, 2025, the U.S. announced its withdrawal from UNESCO, citing the organization’s “divisive social and cultural causes” and perceived anti-Israel bias, effective December 31, 2026. The withdrawal eliminates U.S. influence over international cultural policy and ends American institutions’ access to UNESCO funding, partnerships, and networks for heritage conservation. U.S. World Heritage sites lose access to international preservation support and expertise, while museums, universities, and cultural organizations are cut off from global collaboration on heritage protection. Critics warn the move weakens multilateral safeguards for cultural heritage worldwide and cedes cultural diplomacy leadership to other nations.

El 27 de junio de 2025, el Tribunal Supremo dictaminó por 6 votos contra 3 en el caso Mahmoud contra Taylor que las escuelas deben notificar a los padres y permitir la exención religiosa de las clases que utilicen libros de cuentos con temática LGBTQ. La decisión crea incentivos legales y económicos para que las escuelas retiren de forma preventiva la literatura LGBTQ+ de las aulas con el fin de evitar demandas judiciales, lo que restringe de forma efectiva el acceso de los estudiantes a expresiones culturales diversas y limita su capacidad de participar en una educación literaria que refleje identidades y experiencias variadas. La disidencia de la jueza Sotomayor advirtió que el fallo tendría un «efecto paralizador» que conduciría a la censura de materiales artísticos y culturales en los planes de estudio de las escuelas de todo el país.

El Departamento de Estado emitió un comunicado de prensa y el correspondiente cable en el que exigía a todos los solicitantes de visados F, M y J que configuraran todos sus perfiles en las redes sociales como «públicos» para que los funcionarios consulares pudieran revisar «toda su presencia en línea». Los funcionarios deben rechazar temporalmente los casos en virtud del artículo 221(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para llevar a cabo una investigación posterior a la entrevista en busca de «actitudes hostiles hacia los ciudadanos, la cultura, el Gobierno, las instituciones o los principios fundacionales de los Estados Unidos». Esta política crea importantes obstáculos y retrasos en la tramitación para los estudiantes internacionales y los participantes en intercambios culturales, ya que, en la práctica, filtra la expresión artística y política como criterio de elegibilidad para obtener el visado. El requisito obliga a los artistas, músicos, profesionales del teatro y estudiantes a exponer todo su contenido en línea a la vigilancia del Gobierno y a autocensurar su expresión para obtener visados para estudiar o participar en intercambios culturales en Estados Unidos. Las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por que esta barrera de entrada pueda utilizarse para discriminar a los solicitantes de visados cuyas opiniones o creencias no se ajusten a las de la actual administración presidencial.

La Proclamación Presidencial 10949 estableció restricciones de viaje a 19 países, con suspensión total de entrada para 12 países (Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen) y la suspensión parcial para 7 países (Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela), restringiendo los visados de inmigrante y los visados de no inmigrante B (visitante), F (estudiante), M (formación profesional) y J (intercambio cultural). La proclamación limita directamente el intercambio cultural y la movilidad artística, impidiendo la entrada en Estados Unidos a artistas internacionales, estudiantes de universidades artísticas y participantes en intercambios culturales procedentes de estos países. Los visados válidos expedidos antes del 9 de junio de 2025 siguen siendo válidos, pero los nacionales de estos países no pueden obtener nuevos visados, salvo en casos excepcionales de interés nacional. Un juez federal ya ha limitado la proclamación de la prohibición de viajar del 4 de junio de 2025 (Proclamación 10949) al dictaminar que el Gobierno no puede utilizarla para bloquear la entrada de 80 refugiados previamente investigados, lo que demuestra que los tribunales están examinando su aplicación, aunque la proclamación en sí misma siga en vigor.

El 30 de mayo de 2025, la administración Trump publicó su propuesta presupuestaria detallada para el año fiscal 2026, en la que reafirmaba sus planes de eliminar la Fundación Nacional para las Artes y consolidar el programa de Ayuda a la Educación Artística del Departamento de Educación en una nueva subvención global para la enseñanza primaria y secundaria con una reducción del 69 % en la financiación. La propuesta redirige los recursos educativos hacia «materias básicas» como matemáticas, lectura, ciencias e historia. Los defensores de las artes advierten que estos recortes amenazan el acceso equitativo a la educación artística, especialmente en los distritos con pocos recursos.

On May 20, 2025, Interior Secretary Doug Burgum issued Secretarial Order 3431, instructing the National Park Service and other Interior-managed cultural sites to remove or revise all content, signage, imagery, descriptions, depictions, and narratives that “innappropriately disparage Americans past or present” in line with Executive Order 14253. The order resulted in the removal of historical content related to slavery and Indigenous resistance at several park sites. Notable examples include the removal of “The Scourged Back” exhibit at Fort Pulaski National Monument (GA), along with the deletion of climate-change signage at Acadia National Park (ME) and the alteration of Indigenous-history displays at Muir Woods National Monument (CA) and Jamaica Bay Wildlife Refuge (NY).

El 8 de mayo de 2025, el presidente Trump destituyó abruptamente a la Dra. Carla Hayden como bibliotecaria del Congreso. Inicialmente no se dio ninguna razón formal, pero más tarde la Casa Blanca acusó a Hayden de «promover iniciativas de diversidad, equidad e inclusión» y «colocar libros inapropiados en la biblioteca para niños». La destitución se produjo antes de que finalizara su mandato de diez años y provocó una gran preocupación por la injerencia del ejecutivo en la independencia de la Biblioteca del Congreso, una institución cultural y archivística creada constitucionalmente y encargada de preservar el acceso imparcial al conocimiento y las artes. Los críticos advirtieron que este tipo de destituciones politizadas amenazan la independencia institucional y sientan un precedente para la injerencia del ejecutivo en la gobernanza cultural nacional.

On May 2, 2025, the Trump administration released its FY2026 “skinny budget” proposal, calling for the complete elimination of the National Endowment for the Arts, National Endowment for the Humanities, and Institute of Museum and Library Services. The proposal also indicated a 15% cut to the Department of Education, with plans to consolidate multiple K-12 grant programs. Arts advocates warn that eliminating federal arts funding would devastate cultural organizations and reduce access to arts education nationwide.

El 2 de mayo de 2025, la Fundación Nacional para las Artes (NEA) envió notificaciones de rescisión y retirada a cientos de organizaciones artísticas de todo el país, con efecto a partir del 31 de mayo de 2025. Los correos electrónicos indicaban que la NEA estaba «actualizando sus prioridades en materia de concesión de subvenciones para centrar la financiación en proyectos que reflejen el rico patrimonio artístico y la creatividad de la nación, según las prioridades del presidente». Entre las organizaciones afectadas se encontraban compañías de teatro, revistas literarias, grupos de danza, museos y festivales de todo tipo, con subvenciones que oscilaban entre los 10 000 y los 100 000 dólares. Las cancelaciones generalizadas suscitaron preocupación por la censura y el enfriamiento de la expresión artística en diversas comunidades.

On May 1, 2025, President Trump signed an executive order directing the Corporation for Public Broadcasting to cease all direct and indirect federal funding to NPR and PBS, citing alleged political bias. The order affects approximately 1,500 local public radio and television stations nationwide that rely on CPB funding for educational and cultural programming, particularly in rural and underserved communities. CPB, PBS, and NPR have stated the order is unlawful, arguing that CPB is a congressionally created independent entity not subject to presidential authority, and filed suits on first amendment and other grounds. The Corporation for Public Broadcasting distributes approximately $535 million annually in federal funds to public media.

On April 2, 2025, U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) updated its Policy Manual to recognize only two “biological sexes”—male and female—based on birth certificates issued at or near time of birth, pursuant to Executive Order 14168 “Defending Women From Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government” signed January 20, 2025. The policy eliminates the “X” gender marker option and requires all immigration benefit applications to indicate sex as male or female based on birth records. The policy directly impacts transgender and nonbinary artists, including US citizens and those applying for O-1, P-1, P-3, and other work visas. Canadian musician Bells Larsen, whose album explores trans experience, canceled his June 2025 U.S. tour after receiving guidance from the American Federation of Musicians that applicants with gender markers changed from birth certificates would face visa difficulties. The policy applies to all pending and new applications filed on or after April 2, 2025.

A principios de abril de 2025, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) ordenó a la Fundación Nacional para las Humanidades que cancelara más de 1400 subvenciones, incluida toda la financiación del año fiscal 2025 destinada a los consejos estatales de humanidades, lo que afectó a museos, bibliotecas, lugares históricos y programas culturales de todo el país. Las cancelaciones de subvenciones, que ascendían a un total de aproximadamente 175 millones de dólares en fondos no desembolsados, se comunicaron mediante correos electrónicos enviados a altas horas de la noche del 2 de abril de 2025. Posteriormente, los tribunales federales dictaminaron que las cancelaciones eran ilegales, aunque la financiación sigue bloqueada a la espera de la resolución del litigio.