House Resolution 7661 would amend the Elementary and Secondary Education Act of 1965 to prohibit federal education funds from being used to develop, facilitate, or promote programs or literature for children under 18 that include “sexually oriented material.” The bill defines this term to include any content involving “gender dysphoria or transgenderism,” creating a federal mechanism to restrict books and literary works addressing LGBTQ+ themes from schools receiving federal funding. Introduced hours after President Trump’s February 24, 2026 State of the Union address calling to “ban it immediately,” the legislation includes exemptions for “standard science coursework,” religious texts, and narrowly defined classic literature and art, though it does not clarify whether materials within these categories that discuss gender identity would be protected or prohibited. Advocacy organizations have characterized the measure as establishing a nationwide book ban targeting transgender and gender-nonconforming youth.

A finales de agosto y septiembre de 2025, el Departamento de Educación envió notificaciones de no continuación a docenas de beneficiarios de subvenciones federales a mitad de los periodos de subvención plurianuales, entre los que se incluían iniciativas de educación artística, programas de educación cívica y alfabetización, y proyectos de educación superior. Las notificaciones indicaban que los programas ya no se ajustaban a las prioridades de la política educativa de la administración en materia de «mérito, equidad y excelencia», y algunas de ellas alegaban violaciones de la ley federal de derechos civiles según la interpretación de la administración. Entre las subvenciones canceladas se encontraban al menos nueve iniciativas de educación artística financiadas por el programa de Ayuda a la Educación Artística, incluido un proyecto de la Universidad de Nebraska-Lincoln para incorporar la enseñanza del arte en todas las materias, que perdió su último año de financiación. Los beneficiarios de las subvenciones tuvieron siete días para apelar, lo que dejó a las instituciones y a los educadores ante una interrupción repentina de la financiación y la incertidumbre sobre la continuación del programa.

El 27 de junio de 2025, el Tribunal Supremo dictaminó por 6 votos contra 3 en el caso Mahmoud contra Taylor que las escuelas deben notificar a los padres y permitir la exención religiosa de las clases que utilicen libros de cuentos con temática LGBTQ. La decisión crea incentivos legales y económicos para que las escuelas retiren de forma preventiva la literatura LGBTQ+ de las aulas con el fin de evitar demandas judiciales, lo que restringe de forma efectiva el acceso de los estudiantes a expresiones culturales diversas y limita su capacidad de participar en una educación literaria que refleje identidades y experiencias variadas. La disidencia de la jueza Sotomayor advirtió que el fallo tendría un «efecto paralizador» que conduciría a la censura de materiales artísticos y culturales en los planes de estudio de las escuelas de todo el país.

El 30 de mayo de 2025, la administración Trump publicó su propuesta presupuestaria detallada para el año fiscal 2026, en la que reafirmaba sus planes de eliminar la Fundación Nacional para las Artes y consolidar el programa de Ayuda a la Educación Artística del Departamento de Educación en una nueva subvención global para la enseñanza primaria y secundaria con una reducción del 69 % en la financiación. La propuesta redirige los recursos educativos hacia «materias básicas» como matemáticas, lectura, ciencias e historia. Los defensores de las artes advierten que estos recortes amenazan el acceso equitativo a la educación artística, especialmente en los distritos con pocos recursos.

El 8 de mayo de 2025, el presidente Trump destituyó abruptamente a la Dra. Carla Hayden como bibliotecaria del Congreso. Inicialmente no se dio ninguna razón formal, pero más tarde la Casa Blanca acusó a Hayden de «promover iniciativas de diversidad, equidad e inclusión» y «colocar libros inapropiados en la biblioteca para niños». La destitución se produjo antes de que finalizara su mandato de diez años y provocó una gran preocupación por la injerencia del ejecutivo en la independencia de la Biblioteca del Congreso, una institución cultural y archivística creada constitucionalmente y encargada de preservar el acceso imparcial al conocimiento y las artes. Los críticos advirtieron que este tipo de destituciones politizadas amenazan la independencia institucional y sientan un precedente para la injerencia del ejecutivo en la gobernanza cultural nacional.

A principios de abril de 2025, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) ordenó a la Fundación Nacional para las Humanidades que cancelara más de 1400 subvenciones, incluida toda la financiación del año fiscal 2025 destinada a los consejos estatales de humanidades, lo que afectó a museos, bibliotecas, lugares históricos y programas culturales de todo el país. Las cancelaciones de subvenciones, que ascendían a un total de aproximadamente 175 millones de dólares en fondos no desembolsados, se comunicaron mediante correos electrónicos enviados a altas horas de la noche del 2 de abril de 2025. Posteriormente, los tribunales federales dictaminaron que las cancelaciones eran ilegales, aunque la financiación sigue bloqueada a la espera de la resolución del litigio.

El 27 de marzo de 2025, el presidente Trump emitió la Orden Ejecutiva 14253 titulada «Restaurar la verdad y la cordura a la historia estadounidense», en la que ordenaba a la Institución Smithsonian retirar las exposiciones y programas que se consideraran que contenían «ideología inadecuada» o contenidos que «despreciaran de forma inapropiada a los estadounidenses». La orden citaba específicamente «La forma del poder: historias de raza y escultura estadounidense» en el Museo Smithsonian de Arte Estadounidense como ejemplo de contenido divisivo, alegando que retrataba los valores estadounidenses y occidentales como «intrínsecamente dañinos y opresivos». La orden instruía al vicepresidente y a la Oficina de Gestión y Presupuesto a colaborar con el Congreso para garantizar que las futuras asignaciones presupuestarias al Smithsonian prohibieran el gasto en exposiciones o programas que «degraden los valores estadounidenses compartidos, dividan a los estadounidenses por motivos raciales o promuevan programas o ideologías incompatibles con la legislación y la política federal». Historiadores, profesionales de museos y miembros del Congreso condenaron la directiva como una censura política de las instituciones culturales financiadas con fondos federales y una violación de la independencia del Smithsonian para llevar a cabo su misión educativa.

El presidente Trump firmó una orden ejecutiva que elimina las protecciones federales para la identidad de género en la educación, la salud y los programas culturales. Se ordenó a las agencias que definieran el sexo «estrictamente como biológico», lo que provocó la eliminación de políticas inclusivas en museos, bibliotecas y espacios culturales financiados por el gobierno federal. La orden restringe la financiación de cualquier cosa que utilice el término «ideología de género» o que se refiera al «género» en lugar del «sexo», lo que limitará las instituciones artísticas y culturales, así como las ONG artísticas, ya que se trata de términos comunes en los proyectos artísticos y en la investigación sobre historia del arte. Las organizaciones LGBTQ+ advirtieron que esto enfriaría la expresión artística y pública vinculada a la identidad queer. En febrero de 2025, la Liga Urbana Nacional presentó una demanda contra la Orden Ejecutiva 14168, argumentando que las restricciones de la administración a las políticas de DEI y de identidad de género violan las protecciones de los derechos civiles y los derechos de libertad de expresión.

President Trump issued an executive order reforming the federal accreditation process for higher education institutions. The order directed accrediting bodies to eliminate diversity, equity, and inclusion (DEI) standards, which the administration characterized as “unlawful discrimination,” and to prioritize “intellectual diversity” among faculty. It instructed the Secretary of Education to investigate and potentially terminate accreditors that require DEI-related practices or who fail to maintain and “intellectually diverse” staff. Academic organizations warned the order could lead to government interference in institutional decision-making at universities, raising concerns about restrictions on cultural programming and curricula, particularly those addressing diversity, race, and gender.